En colaboración con la Fiscalías de Baja California AMIC de la Fiscalía de Sonora realizaron la ejecución de las órdenes de aprehensión.
• Fueron detenidos Alfonso Rafael “N.”, de 26 años de edad, y Beatriz “N.”, ambos originarios de Tijuana, Baja California, así como a Bryan Alexis “N.”, de 35 años, originario de El Salvador, son señalados como probables responsables de cometer fraude contra estudiantes de las escuelas privadas Centro de Asesorías Técnicas de Tijuana (CEATT), de IECA, del Centro Educativo de Baja California (CEBC) y de ACIT Educación, ubicadas en Tijuana y Mexicali.
• Estos centros educativos ofrecían obtener el certificado de bachillerato en pocos meses, los alumnos pagaban cuotas escolares para cumplir con su carga académica, pero carecían de validez oficial ante la SEP.
Un resultado más de la Mesa de Coordinación del Mar de Cortés , que presiden los Gobernadores e integran los Fiscales Generales Estatales, de los Estados Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.
Mediante el acuerdo de colaboración que existe entre las Fiscalías de Baja California y Sonora, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía de Sonora cumplimentaron tres órdenes de aprehensión, emitidas por una Juez de Tijuana, por el delito de fraude en perjuicio de más de 700 estudiantes.
Gracias a los trabajos de campo y gabinete, de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Baja California, se logró ubicar en Sonora a los probables responsables de fraudar a los estudiantes de las escuelas privadas: Centro de Asesorías Técnicas de Tijuana (CEATT), de IECA, del Centro Educativo de Baja California (CEBC) y de ACIT Educación, y se solicitó la colaboración interinstitucional de la Fiscalía de Sonora para sus detenciones.
Alfonso Rafael “N.”, de 26 años de edad, y Beatriz “N.”, ambos originarios de Tijuana, Baja California, así como a Bryan Alexis “N.”, de 35 años, originario de El Salvador fueron detenidos por agentes AMIC en la colonia Villas del Real, de la capital del Estado, y entregados a las autoridades de Baja California para que sigan su proceso legal en esa entidad.
Estas detenciones fueron producto de las denuncias interpuestas por estudiantes de Tijuana y Mexicali, que confiaron en la oferta educativa de las escuelas las cuales ofrecían concluir el bachillerato en unos cuantos meses, sin embargo, ninguna de ellas estaba acreditada para entregar certificados con validez oficial.