Los Comités de Cuenca Río Sonora, integrados por personas afectadas por el derrame tóxico provocado por Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, queremos informar a los inversionistas institucionales de Grupo México y Southern Copper Corporation que este año hemos tenido varios logros para evitar que la empresa evada su responsabilidad en cuanto a la reparación de los daños y a la remediación; así como extenderles un llamado a que en esta Reunión Anual de Accionistas tomen en cuenta lo siguiente:
1) A casi 9 años de ocurrido el derrame de la mina Buenavista del Cobre, no se han reparado los daños y no hay atención médica especializada en toxicología que aborde las afectaciones a la salud de la población. Con base en los resultados oficiales que el gobierno dió en marzo de 2022, 95% de la población analizada se le encontró plomo, al 50% arsénico y al 79% cadmio en niveles por encima de lo aceptado por el gobierno mexicano y la Organización Mundial de la Salud (OMS).1 Son metales que se bioacumulan con el tiempo y que, de acuerdo con la OMS, se encuentran entre las 10 sustancias tóxicas de mayor preocupación para la salud pública. Nos están quitando la vida.
2) La empresa tiene un historial de pago de multas por las irregularidades cometidas, pero no abordan los problemas de raíz para evitar seguir incurriendo en faltas, afectando al medio ambiente y a nuestros derechos. Por otro lado, los daños causados en los ríos Sonora y Bacanuchi ya ascienden a más de 10 mil millones de pesos2 ($557,050,900 USD aprox.), 5 veces más que lo calculado inicialmente, cifra que todavía se puede incrementar.
3) Es público que la reparación por el derrame se encuentra pendiente de cumplimiento efectivo y se ha declarado que no hubo remediación3 Reafirmamos que la declaración de derechos humanos de Grupo México son palabras al aire y no se traduce en acciones para cambiar las formas de operar sin dañarnos.
4) La empresa ha operado por 12 años sin un plan de manejo de residuos peligrosos, poniendo en riesgo nuestra vida, así como la inversión de sus accionistas.
5) En otro caso, la Suprema Corte de Justicia dio el fallo a favor de la comunidad y se declaró inválido el cierre arbitrario del fideicomiso, el fallido mecanismo de remediación creado a partir del derrame.
6) Sobre la nueva mega presa de jales de Grupo México:
a) La construcción de este proyecto violó nuestro derecho a la participación, como reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presa es 51 mil veces más grande que la que se derramó en 2014 (esto es equivalente a 816 mil albercas olímpicas) por lo que si llegara a derramarse, provocaría gravísimos daños a la región del río Sonora, a las comunidades cercanas a la mina, arrasando con todo a su paso; afectando a más de 1 millón de personas.
b) Grupo México ha obstaculizado la justicia, presentando un juicio administrativo en contra de las medidas que le fueron impuestas por la autoridad ambiental en el mencionado caso de la presa de jales, y así ha intentado evadir sus obligaciones e imponerse sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, las comunidades nos hicimos escuchar ante el tribunal, y logramos revocar una resolución que en una primera instancia había suspendido dichas medidas, pues nos dio la razón en que debe privilegiarse la protección al medio ambiente y la salud humana frente al patrimonio de la empresa.
c) Justamente el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Sonora reabrió el juicio sobre la operación de esta mega presa; celebramos el fallo del Tribunal, el cual pone de manifiesto que las medidas que obtuvimos no son exageradas, como ha señalado la empresa (presentando el juicio administrativo ya mencionado), sino que de hecho son insuficientes. Ahora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deberá informar a la población afectada cuáles son las irregularidades que cometió la empresa Buenavista del Cobre (BVC) en el desarrollo y operación de esta nueva presa de jales, así como las medidas que deberán adoptarse para no causar daños ambientales.
7) Las autoridades, junto con nuestras comunidades, están implementando el Plan de Justicia para Cananea y Río Sonora con el cual se busca que Grupo México se haga responsable de la reparación del daño que causó en las comunidades de los ríos Sonora y Bacanuchi y en el ambiente, y en donde se anunció que las mineras que no cumplan con la legislación ambiental o que causen estragos a la salud y al medio ambiente podrían perder sus concesiones.
8) Se les llama a solicitar a la empresa la información sobre el lobby que ésta pudiera estar haciendo en contra de los derechos humanos y del medio ambiente; de esta forma pueden conocer mejor los riesgos a su inversión.
9) No hay por qué compensar al CEO o a ejecutivos de la empresa, quienes no han logrado la reparación del daño, ni tampoco han establecido mecanismos de prevención y no repetición reales. Esto, en el corto y mediano plazo, podría causar el derrame de la nueva mega presa de jales, provocando una catástrofe de gran magnitud en el río Sonora, que podría afectar también a la ciudad capital del Estado, lo que causaría efectos materiales de gran escala para todos sus inversionistas.
Así como éste es un caso emblemático para la justicia en México, emblemática tiene que ser su reparación. Queremos avances urgentes con nuestra participación, pues nosotros sabemos las afectaciones que tenemos porque las vivimos en carne propia y también sabemos lo que necesitamos para repararlas.
Les pedimos que actúen con debida diligencia y responsabilidad, tomen en cuenta nuestra información y solicitudes, investiguen, pidan a la empresa que no siga contaminando y que se haga responsable de sus daños al medio ambiente, la salud y a todos nuestros derechos humanos.
Atentamente
Comités de Cuenca del Río Sonora
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